La Federación Argentina de Colegios de Abogados impugnó las candidaturas de Lijo y García-Mansilla a la Corte
03/05/2024 01:15
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que reúne a 83 colegios de todo el país, impugnó las candidaturas del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, que el presidente Javier Milei postuló para integrar la Corte Suprema de Justicia.
Estas impugnaciones, presentadas en sendas notas firmadas por la presidenta de la FACA, Mariel Margarita Tschieder, y la secretaria de la entidad, Eloísa Raya de Vera, fueron elevadas al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Son parte de una serie de objeciones sobre Lijo que ya hicieron los diputados de la Coalición Cívica y organizaciones como Será Justicia, Rejia, Poder Ciudadano, Fores, la Academia Nacional de Derecho, el Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la Ciudad, Acción Conjunta Republicana y Profesores Republicanos, entre otros.
El decreto 222, que regula al designación de jueces de la Corte, establece un plazo, que vence el 8 de mayo, para que la ciudadanía u organizaciones de la sociedad civil presenten impugnaciones o apoyos a los candidatos. El Ministerio de Justicia debe procesar estas expresiones a favor y en contra e informar sobre ellas al Senado antes de que avance con las entrevistas personales de los candidatos y, finalmente, con la votación para determinar si aprueba o no sus pliegos.
Por el lado de los apoyos, Lijo cosechó el aval de casi todos los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py, de jueces de la Cámara Federal y también algunos de la Cámara Federal de Casación.
En el caso de García-Mansilla, el Colegio de Abogados de la Ciudad planteó una elogiosa adhesión a su postulación. Dijo, tras analizar sus escritos, libros y artículos académicos, que "posee sobresalientes méritos para poder integrar el más alto tribunal de la Nación".
"En su persona se conjugan, de un modo que es poco frecuente, antecedentes que lo califican con la excelencia que uno espera hallar en una persona postulada para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ya que "posee la formación práctica de un abogado que ha ejercido la profesión" con carácter "disciplinado, eficiente y con un profundo sentido del deber" y, por otro lado, "posee conocimientos teóricos propios de un académico e investigador del derecho constitucional, cuyos trabajos son referencia obligada".
En cambio, la Federación de Colegios de Abogados dijo con respecto a Lijo que no tiene antecedentes para el cargo de juez de la Corte y, con respecto a García-Mansilla, que la vacante no está disponible, pues el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda cumple 75 años el 29 de diciembre y recién entonces debe dejar el cargo, según la Constitución.
La nota enviada a Cúneo Libarona por Lijo señala que "existe una importante oposición, reparo y ciertas dudas en sectores vinculados al Poder Judicial". Mencionaron que "su posible nombramiento genera resistencia y falta de confianza en parte de la sociedad por comportamientos mantenidos en su función de magistrado".
Hablaron de "falta de antecedentes académicos suficientes", de su falta de experiencia en la actividad privada y de que Lijo "es penalista y dicha materia no es propia de la Corte Suprema de Justicia, cuya función principal es asegurar el cumplimiento de la Constitución y no la competencia ordinaria".
En el caso de García-Mansilla, explicaron que su vacante no existe y que la modificación realizada para designar a un futuro ministro de la Corte cuando aún faltan ocho meses para que Maqueda alcance su fecha jubilatoria, "desprestigiará y debilitará cualquier opinión que pueda emitir este magistrado aún en el ejercicio de su cargo".
En ambos casos, argumentaron con fuerza dada la condición de varones de los dos postulantes, pues se incumple con un mandato convencional que recomienda el respeto de la paridad de género. "Sostenemos que las postulaciones de dos varones resultan improcedentes en cuanto a que no solo contravienen nuestro orden constitucional, la normativa internacional y compromisos asumidos por el Estado Argentino sino que también resultan contrarias al Decreto 222/2003″, señala la nota.
